Colombia compartirá desde ahora las llaves de su historia con los cazatesoros

Publicado por: Fermín Castillo On 14 junio 2013 0 comentarios

El lunes se votará finalmente la ley de Patrimonio que permite contratar rescatadores de galeones y pagarles con las monedas y lingotes de oro.

Los cazatesoros están a punto de cumplir uno de sus sueños: obtener un lugar donde sea posible legalizar sus actividades. Será el lunes de la próxima semana cuando sea aprobada la ley de Patrimonio Cultural Sumergido en el Senado colombiano por una mayoría que ya está asegurada, según observadores políticos. A pesar de las críticas de los más altos niveles académicos y de alguna polémica entre el Ministerio y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, la aprobación se da por segura. En diciembre pasado la Cámara de Representantes la aprobó 78 votos a favor y 11 en contra

 Las cábalas dicen que se aprobará, sin duda alguna, en el Senado. El lunes no se votó por la ausencia de la ministra de Cultura, Mariana Garcés, en la Cámara. El martes, porque el orden del día imponía el debate previo de un proyecto más importante. Pero ya es inminente. El lunes próximo se producirá la votación.
 
Para la comunidad académica y arqueológica de Colombia, de aprobarse la ley los efectos serán nefastos, pues le permitirá contratar de manera directa a compañías expertas en exploración submarina que buscan, rescatan y se benefician económicamente de los naufragios.

La justificación del proyecto de la ministra de Cultura es que Colombia no tiene ni la tecnología ni los recursos para hacer ese tipo de exploraciones, que son altamente costosas. Para Garcés, esta ley permitirá rescatar sus riquezas sumergidas y aprovecharlas para el beneficio de todos los colombianos y ciudadanos del mundo que las podrán ver en museos marinos o navales. «El espíritu de este proyecto de ley ha sido crear los mecanismos que permitan acceder a unos objetos patrimoniales, que de otra manera serían inalcanzables», según Garcés.

En contraprestación, las empresas que encuentren los buques hundidos recibirán un 50% de la carga bajo el criterio de «repetición». Es decir, si se halla, por ejemplo, un cofre con monedas de oro, el Gobierno colombiano puede conservar algunas y el resto, por ser «repetidas», usarlas como forma de pago a la empresa.

La UNESCO alerta

La Unesco alertó ayer una vez más, contactada por ABC, con «enorme preocupación por la destrucción de los yacimientos de patrimonio cultural subacuático en todo el mundo a través de su explotación comercial y su saqueo. La situación es alarmante y la amenaza se acrecienta cada día en muchos países de nuestro planeta». Ulrike Guérin, responsable de Patrimonio Subacuático en el organismo internacional, recordó que «el patrimonio subacuático no debe ser vendido porque pertenece a toda la humanidad» y reivindicó la Convención de 2001 que es un instrumento legal internacional ratificado ya por 44 países, 16 de ellos de Iberoamérica, donde se esperan inmediatas nuevas adhesiones».

Muchos temen que todo esto dejará a Colombia aislada en su nueva política, porque además resulta contraria a la desarrollada por la mayoría de los países, según señalan desde dicho organismo. Y a los argumentos arqueológicos se suma que la norma parece inconstitucional porque la Constitución colombiana prohibía la comercialización de patrimonio en sus artículos 63 y 72. A pesar de la aprobación en el Parlamento, Colombia puede ver dañada su imagen internacional.

¿Cuántos naufragios?

Las empresas cazatesoros han participado en el proceso que, desde hace años, ha terminado con la aprobación de esta ley. Se dice que hay más de mil naufragios en Colombia, dos muy famosos: el del galeón San José y la flota de Luis Fernández de Córdoba. Incluso en el Ministerio de la Cultura dicen que con lo que se saque se podrán resolver problemas de pobreza y educación en Colombia

Pero para los académicos lo que está en juego es serio y hay mucho poder metido en este negocio. «Hablan de mil naufragios. Nosotros hemos documentado 200. Hay que preservar la información. Rescatar hundimientos se puede lograr y hay ejemplos de buenas prácticas en Panamá y México, países que han sabido hacer esto sin cazatesoros de por medio», explicó Carlos de Cairo, antropólogo y arqueólogo, director de la Fundación Terra Firme, entidad de referencia desde el 2006 en investigación sobre la riqueza cultural sumergida en Colombia.

Él, como otros arqueólogos consultados por ABC, considera que, de no rescatar con ese cuidado arqueológico, lo mejor es dejar los objetos bajo el mar hasta que Colombia pueda hacer un inventario de lo que tiene y luego firmar convenios de cooperación con universidades y centros de investigación e ir sacando poco a poco los naufragios. Bajo el agua, los objetos de metal, cerámica o madera, se adaptan y permanecen intactos. Pero cuando se sacan del mar, se destruyen. Y creen que tal como está planteada la ley, eso es lo que muy probablemente va a pasar.
 
Por eso insisten en respetar la Convención de la Unesco para la Protección del Patrimonio Sumergido la cual establece que cualquier vestigio arqueológico que esté bajo el agua -desde una vasija hasta un lingote de oro- es patrimonio y no puede ser comercializado.

No hay marcha atrás

A pesar de ello no hay marcha atrás en Colombia. ¿Por qué? En gobiernos anteriores la ministras de Cultura –María Consuelo Araújo, Elvira Cuervo de Jaramillo y Paula Moreno- habían enviado esta ley para que el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH, máxima instancia arqueológica de Colombia) emitiera un dictamen sobre ella. En los tres casos, el concepto fue negativo, la ley se archivó, y el Icanh tuvo peso decisorio.

En este Gobierno, cuando se posesionó la actual ministra de la Cultura, Mariana Garcés, la ley volvió a presentarse pero con varios cambios. Uno de sus investigadores con más trayectoria en el ICANH, Víctor González, coordinador del Grupo de Arqueología y Patrimonio, entregó un dictamen de 16 puntos en los que mostró por qué es inconveniente aprobar la ley como está planteada.

Aconstitucional

comercialicen bienes arqueológicos y así se desconoce que en la Constitución Política, los bienes arqueológicos están por fuera del comercio”, esgrimió en uno de los puntos. “El proyecto de ley no fue preparado por expertos en Patrimonio Arqueológico y por consiguiente no tiene en cuenta los criterios académicos, técnicos y científicos necesarios para diseñar mecanismos legales adecuados en el manejo de los muy delicados y complejos yacimientos arqueológicos sumergidos”, dijo en otro.

El Ministerio, que solía tener en cuenta los conceptos de ICANH, no los tuvo esta vez. Según tres académicos consultados por este diario, la orden de la ministra Garcés fue clara: o se alinea con las políticas del gobierno y apoya esta ley, o se va. El veto fue total y se sabe que hay mucho poder por detrás e intereses creados con empresas cazatesoros.

La consecuencia de la directriz de la ministra fue concreta: el ex alcalde de Bogotá Jaime Castro renunció a la Comisión de Antigüedades Náufragas creada en 1984 por estar en desacuerdo con la ley; lo mismo que Emilio Piazzini, subdirector del ICANH. Este nuevo escándalo, de cómo el ICANH, ente independiente, que solía ser respetado por sus conceptos, terminó politizado, le agregó más fuego al debate de una ley que esta semana se discute por cuarta vez. El resultado: politización y la sospecha de influencia de los cazatesoros en las clases dirigentes.





-FUENTE: Alejandra de Vengoechea | Bogotá | ABC.es.

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